ASESORES Y CONSULTORES
EN ARRECIFE, LAS PALMAS

La Justicia libra a los bares de pagar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales Onerosas por sus terrazas en la calle, rechazando, por tanto, el recurso presentado por la Generalitat de Cataluña. El fallo del TS dictamina que "el aprovechamiento especial del dominio público permitido a través de la autorización municipal de instalación y explotación de terrazas para el ejercicio en ellas de actividades de restauración en la vía pública no constituye un hecho imponible del impuesto sobre transmisiones patrimoniales onerosas".

Los Centros Especiales de Empleo se preguntan si podrán seguir operando tras la futura Ley Integral del Impulso de la Economía Social, que cambiará las bases del sector del empleo protegido e impactará de lleno en el funcionamiento de estos Centros. Esta ley plantea eliminar su reconocimiento como prestadores de Servicios de Interés Económico General. Para algunos, la ley impulsará y transformará el empleo y la inclusión de los discapacitados; otros temen que expulse a miles de personas del mercado de trabajo, que cuantifican en unos 65.000 puestos de trabajo. Los detractores de la propuesta normativa aseguran que "tendrá efectos perniciosos y contrarios a lo que persigue la ley" e impedirá la actividad de miles de pymes "hasta poner en riesgo la misma viabilidad del modelo del empleo protegido".

.El propósito de esta enmienda es facilitar el acceso a la jubilación activa y hacerla más beneficiosa para los autónomos, independientemente de su situación en relación con la contratación de empleados. De este modo, se busca evitar que los autónomos que deciden seguir trabajando una vez alcanzada la jubilación sean penalizados de alguna manera. UPTA considera que aquellos trabajadores autónomos que llegan a la edad de jubilación merecen tener la oportunidad de seguir activos laboralmente bajo condiciones que les permitan mantener su nivel de vida sin que la pensión se vea reducida.

El Ejecutivo avanza en su lucha contra los bulos en internet y facilitará que particulares y empresas puedan interponer una demanda sin coste a los influencers, pero también a los medios de comunicación tradicionales y digitales, que se nieguen a rectificar una información falsa o inexacta. El Ministerio de Justicia ha sacado este lunes a audiencia pública el Anteproyecto de Ley Orgánica reguladora del derecho de rectificación. Este texto modificará la actual ley de rectificación, de 1984, para que los influencers con más de 100.000 seguidores en un red social o plataforma o más de 200.000 seguidores en distintas deban rectificar informaciones falsas.