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El ciudadano alegó que el SEPE solo tiene constancia de la entrada a España, pero no de si estuvo fuera más de 15 días, por lo que no podía exigirle que comunicara la salida ni mucho menos sancionarle con la pérdida de la prestación. Señala que en el caso del litigio no consta la comunicación al SEPE de la salida de España, tan solo la entrada, ni tampoco causa que justifique la imposibilidad de dar cumplimiento a esa obligación. Tampoco consta la duración de la salida y el ciudadano considera que esa falta de la prueba es carga del SEPE, "pero no debemos olvidar que lo que sí consta acreditado es la falta de comunicación, lo que ya constituye de por sí la infracción tipificada en el citado precepto de la LISOS". Así que, según el tribunal, la prestación se extingue "cuando no está previamente comunicada ni autorizada".

Data publicació: 5/28/2024

El TS anula parte del nuevo Reglamento para el acceso a la abogacía y la procura, aprobado en febrero de 2023, por perjudicar a los Colegios de Abogados. Determina que el art. 3.3 de la norma va en detrimento de los Colegios de Abogados ya que permite a los alumnos de las universidades simultanear la carrera de Derecho con estudios superiores, como un máster o un postgrado, mientras que para hacer los máster que ofertan estos colegios profesionales deben tener acabada la carrera. Por otro lado, rechaza la petición de la Abogacía de tumbar el RD que aprobó el reglamento.

Data publicació: 5/23/2024

El Consejo de Ministros tiene previsto dar luz verde este martes al anteproyecto de ley presentado por el Ministerio de Trabajo para que una persona ante estas situaciones no se vea automáticamente expulsada de su actividad laboral, sino que pueda solicitar a su empresa que adapte el puesto a sus nuevas circunstancias o que, de no ser posible, los recoloque en otro similar. Según los últimos datos facilitados por el INE sobre trabajadores con discapacidad en España, en el 2022 había 538.900 trabajadores con discapacidad en España.

Data publicació: 5/21/2024

El TS ha cerrado la vía de la responsabilidad patrimonial del Estado para recuperar el IRPF autoliquidado por aplicación de la normativa reguladora del Modelo 720. De esta forma, si posteriormente no se solicitó en los cuatro años siguientes la rectificación de las autoliquidaciones , no se podrá recuperar lo pagado. Añade que "precisamente por no ser la autoliquidación un acto administrativo, el mecanismo de rectificación de autoliquidaciones tiene por objeto producir el acto administrativo, expreso o presunto, posibilitando su control mediante el sistema de recursos dispuesto al efecto".

Data publicació: 5/16/2024
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