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La Seguridad Social ha planteado a los agentes sociales una propuesta para incentivar la jubilación flexible, permitiendo a los jubilados que quieran volver a trabajar aumentar la jornada parcial a realizar, que actualmente oscila entre el 50% y el 75%. Actualmente apenas están acogidas a la jubilación flexible unas 3.000 personas, lo que hace esta modalidad "prácticamente inexistente" porque "no es muy atractiva". El Gobierno también quiere modificar el régimen de incompatibilidades y compatibilidades del sistema, así como introducir algún incentivo al inicio de la jubilación flexible y no dejarlo sólo en el recálculo de la pensión a posteriori, es decir, cuando el pensionista llega al final de vigencia de ese contrato a tiempo parcial.

El TS establece que la ganancia patrimonial por retasación en expropiaciones no es una alteración patrimonial nueva, sino una reevaluación de la ganancia original. Así, no origina nueva tributación en el IRPF. . El Tribunal ha determinado de forma inequívoca que la misma no origina una ganancia patrimonial nueva y distinta a la generada por la expropiación originaria del bien o derecho. Por el contrario, considera que se trata de una nueva valoración de la misma ganancia producida por la expropiación. En consecuencia, el valor de adquisición del bien expropiado sigue siendo el determinado en el momento de su adquisición inicial. Esta interpretación rechaza la tesis de que la retasación genera un "justiprecio suplementario" constitutivo de una ganancia patrimonial autónoma.

Hacienda utiliza desde 2022 este parámetro, en vez del valor del mercado del inmueble, para calcular Transmisiones, pero también otros tributos como el ISD. Ahora, los jueces rechazan que los contribuyentes puedan impugnar este valor aportando como contraste del precio de la vivienda la tasación de la misma y les exigen que motiven el valor real del inmueble, incluso con informes periciales. El fallo considera que se podría aportar la tasación para tumbar el valor catastral si estuviera convenientemente explicada, por sí sola o conjuntamente con otros elementos probatorios, como dictámenes periciales normalmente.

Esto es así desde hoy día 10 de abril, en virtud del RD 1026/2024. A día de hoy, se estima que habría más de 26.000 negocios en España que cumplen estas características y que deberán adaptarse cuanto antes a la normativa, para evitar sanciones de miles de euros. Según los expertos, estos planes no se limitan a una mera formalidad, sino que deben establecer protocolos y medidas reales contra el acoso y la violencia hacia el colectivo, así como planes de formación para los empleados.

La propuesta, ya presentada al Ministerio de Seguridad Social y al Ministerio de Trabajo consiste en la creación de una cotización especial dentro del RETA para los músicos trabajadores por cuenta propia que se encuentran al amparo de la cotización especial para artistas autónomos con bajos ingresos aprobado por el RDL 1/2023 con el fin de regularizar su situación sin depender de las empresas de facturación que operan de manera fraudulenta. Se establecería un techo de facturación de 4.000€ para los músicos que se acojan a esta modalidad y una cotización mensual de 90€ sujeta a la regularización anual, como el resto de los autónomos. Según los cálculos realizados por la organización, el fraude derivado del uso indebido de empresas de facturación del sector artístico asciende a más de 150 millones de euros.

El TS ha emitido una sentencia de gran relevancia en el ámbito de las operaciones internacionales, fijando criterios interpretativos fundamentales sobre la valoración de la artificiosidad de operaciones con elementos transfronterizos. El TS subraya que la mera presencia de un elemento transfronterizo en una operación no es suficiente, por sí misma, para considerarla artificiosa desde la perspectiva del Derecho interno y de la UE. El criterio general establecido exige analizar, en cada caso concreto, si la operación controvertida permite evitar total o parcialmente la realización del hecho imponible o minorar la base o la deuda tributaria a través de actos o negocios que sean notoriamente artificiales.

Solo el 8% de los que están obligados a declarar se aplica estas deducciones autonómicas, según un estudio de los fiscalistas de la plataforma especializada TaxDown. Un error que puede ser entendible si se tiene en cuenta que actualmente existen más de 300 figuras que difieren por CCAA. Además, el borrador no las incluye por defecto, por lo que es el declarante quien debe encargarse de introducirlas.

La administración sostenía que los jubilados que no hubieran reclamado en un plazo de cinco años perdían su derecho a percibirlo. Ahora, el Supremo ha tumbado esta tesis y ha reconocido que no existe un plazo límite para solicitarlo. Los jubilados que cumplan los requisitos podrán iniciar sus reclamaciones sin el temor de que su derecho haya caducado. Sin embargo, la Seguridad Social aún deberá definir cómo se implementará esta sentencia en la práctica.