ASESORES Y CONSULTORES
EN ARRECIFE, LAS PALMAS

El Colegio de Registradores prepara un servicio de certificación y registro para el alquiler de inmuebles turísticos, que sirva para poner orden en el sector y acabar con la multitud de estafas y malentendidos que se dan a diario. Los Registros de la Propiedad cuentan con la información legal que afecta a todas las viviendas, así como los estatutos de las comunidades de vecinos, así como las limitaciones de uso de cada inmueble. De esta forma, las plataformas pueden pedir al Registro de la Propiedad estos datos para tener la seguridad de que el alquiler se ajusta a la normativa correspondiente. El Registro correspondiente les emitiría, en este caso, un certificado turístico, con una nota marginal en el propio Registro. Así, este inmueble puede estar en el tráfico sin problemas.

El TSJ de Navarra ha anulado la calificación como “actividades hosteleras” de los establecimientos calificados como ‘degustaciones de café’ por parte del Ayuntamiento de Pamplona en el Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Casco Antiguo (PEPRI) en enero de 2017. La sentencia puede ser recurrida. Al respecto, el Tribunal Superior asegura que “la catalogación de las degustaciones de café como actividad hostelera no puede ser realizada por el Ayuntamiento de Pamplona en el PEPRI impugnado por carecer de competencia para ello”.

La sentencia del TS que declaró nulo de pleno derecho el Real Decreto 529/2017 abre la puerta a una oleada de demandas de autónomos y pymes por el SII, por los daños y perjuicios causados por el Estado, que creó unas expectativas que ahora se ven frustradas tras el fallo. La declaración de nulidad del citado real decreto supone que dicho plazo nunca existió y, por tanto, las renuncias formalizadas no han sido válidas. Como consecuencia, estos empresarios han quedado incluidos automáticamente en el SII en los ejercicios 2017, 2018 y 2019, con todo lo que ello comporta.

El Ministerio de Trabajo está elaborando la norma que permitirá recuperar hasta dos años de cotizaciones a la Seguridad Social a las personas de entre 35 y 43 años que perdieron su empleo durante la crisis. Se trata de la orden ministerial que desarrolla reglamentariamente un nuevo convenio especial para los afectados por la crisis que ya recogía un real decreto aprobado a finales del pasado año. Según el documento, sometido a consulta pública, podrán suscribir este convenio especial con la Tesorería General de la Seguridad Social quienes tengan una laguna de cotización de, al menos, tres años entre el 2 de octubre de 2008 y el 1 de julio de 2018. Estas cotizaciones computarán exclusivamente a efectos de beneficiarse de prestaciones de incapacidad permanente, jubilación y muerte y supervivencia.