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EN ARRECIFE, LAS PALMAS

Esta iniciativa, prevista en el Plan Estratégico de la Agencia 2024-2027, se enmarca en la línea ‘Right from the start’ de la OCDE, que plantea la implementación de medidas para facilitar el cumplimiento de los emprendedores desde el comienzo mismo de su actividad. ‘Censos Web’ incorpora un buscador que permite seleccionar la actividad junto con su código. Además, ofrece avisos explicativos en determinados casos para facilitar que esta selección sea correcta.

Las liquidaciones del impuesto de plusvalía municipal son recurribles, incluso cuando ya sean firmes, siempre que el contribuyente pueda demostrar que el inmueble no aumentó de valor en la operación. Se trata de una cuestión que podría afectar a miles de contribuyentes, y que ha quedado así establecida por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Cantabria del pasado abril. El fallo corresponde al caso de un contribuyente que solicitó la devolución como ingresos indebidos del IIVTNU que había pagado por la transmisión de un inmueble en 2021. El Ayuntamiento de Santander denegó esta solicitud, alegando que la liquidación del impuesto ya era firme. Sin embargo, el contribuyente recurrió la decisión, aportando las escrituras de la herencia y los documentos de la compraventa que acreditaban que, lejos de haberse incrementado, el valor del inmueble había caído.

El 16 de julio el Supremo se pronunciará sobre si las indemnizaciones adicionales por despido improcedente, superiores al máximo que establece el ET, tienen cabida con las reglas de juego españolas. El informe de la Fiscalía del Supremo hace referencia a la doctrina fijada por el TS: “Tal doctrina la ha sentado en la STS del Pleno, de 19-12-2024 rechazando así la posibilidad de que, por la vía del art. 10 del Convenio 158 de la OIT, se pueda fijar una indemnización por despido improcedente en cuantía superior a la ya establecida en el ET”. Matiza y subraya que esta posibilidad está cerrada “salvo casos excepcionales donde concurran otros elementos que justifiquen una indemnización adicional por daños y perjuicios (ej. vulneración de derechos fundamentales, discriminación, etc.), que irían por otra vía legal y no como complemento a la indemnización por improcedencia”.

El Ministerio de Hacienda ha sometido a audiencia pública hasta el 24 de junio la Orden que aprueba el modelo para pagar el tributo, que fija el modo de presentación (por vía electrónica) y los plazos. Esta Orden ministerial aprueba tres modelos; el 240 para que las compañías informen a Hacienda qué entidad del grupo va a ser la encargada de presentar la declaración informativa del impuesto; el modelo 241 para ya sí, presentar esta declaración informativa; y el 242 para la autoliquidación del gravamen. Una vez pasado este primer año, los plazos cambian para el resto de ejercicios.