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La entrada en vigor del Valor de referencia (VRM) -que permite a la Administración elevar el valor de los inmuebles al calcular la base imponible de los impuestos-, ha provocado una guerra administrativa y judicial con grandes dudas jurídicas y técnicas sobre la aplicación de este sistema de tasación. En la mayoría de casos, el valor no se corresponde con el de la escritura y excede el verdadero precio de mercado del inmueble, por lo que exigen más impuestos. De media, los valores impugnados superan en más de un 20% el precio real del inmueble.

Esta evolución es debida, principalmente, a la bajada de los precios de la electricidad, que subieron en septiembre de 2021. También influye, aunque en menor medida, el descenso de los carburantes, frente a la subida del año anterior, y la bajada del transporte. La tasa de variación anual estimada de la inflación subyacente (índice general sin alimentos no elaborados ni productos energéticos) disminuye dos décimas, hasta el 6,2%.

La Inspección de Trabajo va a vigilar la contratación de los trabajadores fijos discontinuos. Especialmente, en "algunos sectores", como la educación, "en los que se cometen abusos en este terreno desde hace décadas". No sólo con la contratación de profesores, sino también entre el personal de los comedores o de limpieza, afirma la Ministra de Trabajo. En el último año, e incluso antes de que entrase en vigor la reforma laboral en el pasado enero, la Inspección ha descubierto 14.601 empresas con trabajadores fijos discontinuos en situaciones irregulares. Eso ha conseguido la transformación de 25.870 contratos en fijos ordinarios. El 45,77 % de los empleos analizados. El contrato fijo discontinuo es uno de los preceptos más destacados de la reforma laboral. El Gobierno lo ha convertido en una fórmula más de empleo estable para sustituir a los contratos temporales. En esta línea de hacer cumplir la reforma laboral, anunció la inmediata puesta en marcha de un plan específico de la Inspección para revisar la situación de más de 290.000 trabajadores de tiempo parcial sobre los que tienen "indicios de que están realizando jornadas superiores a las declaradas". Por lo tanto, para reducir las horas extraordinarias que las empresas no pagan.

Nulidad radical de la conducta empresarial consistente en proporcionar valoraciones negativas de una exempleada a terceras empresas que la querían contratar y que llamaban para pedir referencias. Y en este caso, podría ser lícito que el responsable criticase el desempeño laboral de la empleada, pero se convierte en improcedente cuando realiza valoraciones relacionadas con el embarazo y con las demandas interpuestas por aquella para la reducción de jornada. Es lícita la grabación del gerente de una de las empresas en relación a contratación laboral de la trabajadora.